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“GUERRA POR EL GAS”

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- EL LIBRO

- ANTECEDENTES

- EL POR QUÉ

- CRONOLOGÍA  

- LISTA DE FALLECIDOS (INICIAL)     

 

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EL LIBRO

 

Autor: Lic. Edgar Ramos Andrade. Comunicador UNLP. Investigador y activista social

Teléfono: (00591)  772 – 20736  E-mail: zaratew@hotmail.com

PORQUE DEL TITULO. En la lógica militar, se “justifica” un enfrentamiento con riesgo de muertes en zonas como Senkata o Villa Ballivián, de donde salió y por donde pasó el “convoy de la muerte” (con cisternas de combustibles). En Villa Ingenio no existe carretera troncal, depósito de combustibles, cuartel o instalación militar o policial o similares. En Villa Ingenio viven 13.893 personas y hay 3.995 viviendas. Allí está uno de los depósitos de basura que se recoge en El Alto. Sus calles son de tierra como el 80 por ciento de esta ciudad.

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ANTECEDENTES

Bronca acumulada: La Guerra del gas no vino por si sola

 

1.  De la Relocalización minera a la Resistencia socio-laboral y la Recuperación de la memoria colectiva

La llamativa presión sindical y la obstrucción parlamentaria de partidos ligados a oligarquías económicas (MNR-ADN) hizo que un gobierno (el de la Unidad Democrática y Popular-UDP) considerado de extracción popular, dejara el gobierno con una inflación muy elevada (25.000 por ciento promedio en 1985). Entonces, en agosto de ese año, Victor Paz (MNR) asumió la presencia y junto a su ministro de Planificación Gonzalo Sánchez de Lozada tras anunciar al país que “Bolivia se nos muere”, puso en marcha un plan económico de “shock” con dos medidas centrales: a) Control del sistema de cambio del dólar y de la salida de divisas en esa moneda y b) reducción de los gastos administrativos del Estado por medio del despido (“relocalización”) de más de 25.000 trabajadores mineros a quienes se les proporcionó un sistema de transporte (camión) para que dejaran físicamente la mina donde habían trabajado 10 años promedio y donde se habían formado ideológicamente. La estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) tenía más de 15 minas bajo su administración. El efecto de estas medidas, resumidas en el polémico Decreto Supremo 21060 (del 29-8-1985) eran el alejamiento físico e ideológico de los mineros de su centro de actividad económico-política y b) la implantación, en Bolivia, de un nuevo sistema político económico: Un liberalismo modernizado. A partir de entonces comenzó una resistencia de los sectores laborales, campesinos y populares a sucesivos gobiernos.

1.1. Las mayores resistencias se dieron entre 1994 y 2000, en el marco de un inédito cuanto dudoso proceso de “capitalización” por el cual, cinco empresas estatales y que producían bienes y servicios (telecomunicaciones, crudo y refinados de hidrocarburos, ferrocarriles, transporte aéreo y generación / distribución de electricidad). Estas empresas fueron transformadas en sociedades anónimas mixtas (SAM) y la mitad de sus acciones más la administración gerencial fueron transferidas a empresas extranjeras. La otra mitad accionaria, según ese proceso, es de propiedad de los ciudadanos bolivianos, aunque la mayoría de ellos desconoce totalmente de este asunto.

 

2.   “Guerra del agua” (Cochabamba, abril de 2000).

En abril de 2000 junto a un bloqueo de los sectores campesinos del altiplano paceño, los regantes cochabambinos encabezados por la Coordinadora del Agua lograron echar a la empresa transnacional Bechtel que sin haber invertido casi nada manejaban a su gusto las tarifas de agua potable en medio de una escasez de ese elemento. El enfrentamiento de abril en Cochabamba, con una muerte (el adolescente Daza) logró que el gobierno obligue al Parlamento a modificar la Ley de Aguas.

 

3.  Bloqueo campesino del altiplano paceño y Amotinamiento policial por salario (La Paz, abril y septiembre de 2000)

Los campesinos aymaras, condenados a una sobrevivencia económica por medio del minifundio, comenzaron a bloquear las rutas internacionales vinculadas al conocido Lago Titicaca (carretera a Perú y al océano Pacífico) y tras discusiones con el gobierno, llegaron a un acuerdo que no satisfizo del todo a los campesinos.

3.1. Amotinamiento policial. Paralelamente, mientras los campesinos del altiplano bloqueaban el acceso al internacional Lago Titicaca y los regantes de Cochabamba lograban la salida de Bolivia de la empresa Bechtel, los policías sin grado se movilizaron y  se amotinaron  como exigencia de un aumento salarial de un 30 % aunque el aumento definitivo fue de un 50%.

 

4.  Movilización social para la creación de la UPEA

En septiembre de 2000, luego de multitudinarias y pacíficas movilizaciones sociales, los ciudadanos alteños, encabezados por 10.000 estudiantes bachilleres y un grupo de 300 profesionales, a la que se sumaron las organizaciones sociales de El Alto, lograron que el gobierno y el Parlamento aprueben la Ley 2115 de creación de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) aunque el proceso de consolidación de esta Universidad es dificultoso, lo que no le resta mérito histórico porque creó un centro de formación superior gratuito, fiscal y público en medio de restricciones gubernamentales a la educación superior fiscal.

 

5.  Conflicto por la coca (Chapare, enero de 2001)

Afines de enero de 2001, se dio el mayor enfrentamiento entre los productores de coca del Chapare y fuerzas combinadas del Ejército y la Policía. Tras el anuncio del cierre del mercado de coca de Sacaba, se produjo un violento enfrentamiento que culminó con varios muertos y destrozos de vehículos y en dicho mercado.

 

6.  Re-estatización del estaño (Huanuni, junio de 2002)

Entre marzo y junio de 2002, los mineros de Huanuni llevaron a cabo sistemáticos y estratégicos bloqueos de caminos que concluyeron con dos resultados: 1) La renuncia de una cuestionada alcaldesa del MIR y la reversión al Estado del yacimiento de estaño más rico del mundo, el Posokoni, que fue calificado como el primer agujero al Decreto 21060 (del 29-8-85).

 

7.   “Febrero negro”. Amotinamiento policial y enfrentamiento a bala con FFAA. (La Paz-El Alto, febrero 2003)

En febrero de 2003, ante un aún no aclarado “impuestazo” al salario, decretado por el gobierno central, sectores como la sociedad civil y hasta la Policía se manifestaron de manera abierta en contra del gobierno y generaron una de las crisis más patéticas: 33 muertos por un poco explicado enfrentamiento entre policías y militares además de alevosos asesinatos y una “lavada de manos” del gobierno central.

 

8. Alteños obligan a derogar los impuestos Maya y Paya

En septiembre de 2003, los ciudadanos alteños, luego de varias semanas de movilización, lograron que el gobierno municipal de esa ciudad anulen los cuestionados formularios catastrales Maya y Paya, convertidos en nuevos impuestos indirectos.

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EL POR QUÉ

La privatización de los sistemas de extracción, refinación y comercialización de hidrocarburos (un millonario negocio internacional) se constituyeron en las principales causas de la “Guerra del gas”. Esa privatización se dio entre 1992 1996) mediante la puesta en vigencia de normas jurídicas (leyes, decretos, reglamentos y “anexos”) poco conocidos y que sirvieron para legalizar la entrega, casi gratuita y a empresas extranjeras, de grandes cantidades de gas natural, recurso del que ahora Bolivia es la primera potencia latinoamericana con 53 trillones de pies cúbicos (TCFs) en reservas probadas y probables, según el especialista Carlos Villegas.

Este hecho es poco conocido incluso por muchos dirigentes políticos y especialmente diputados y senadores nóbeles. El desconocimiento se debe sobretodo a la falta de información sobre normas jurídicas que rigen la industria hidrocarburífera, que mueve miles de millones de dólares por utilidades e impuestos en sus dos procesos: a) exploración, extracción y explotación de petróleo y gas crudos (“Upstream”) y, b) refinación, transporte, almacenaje, comercialización (mayorista y minorista) y exportación (“Downstream”). Los hidrocarburos pueden decidir la suerte de países como ocurre con Venezuela y con Irak en estos días.

Villegas sostiene que “con el objeto de conceder todas las garantías y evitar nacionalizaciones como resultado de movilizaciones sociales, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada suscribió contratos de garantía con el Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones (OMGI) del Banco Mundial, con el Centro Internacional de Arreglos y Diferencias a Inversiones (CIADI) y con la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC) del gobierno de Estados Unidos. Entonces, Bolivia “continuará profundizando las bases para una competitividad espúrea, es decir aprovechar simultáneamente la explotación de los recursos naturales y la baratura de la fuerza de trabajo (Mano de obra)”.

Con las mencionadas normas de privatización, las empresas petroleras (British Gas, Brtish Petroleum, Chaco, Pluspetrol, Petrobras, Total, Andina, Amoco, Repsol, YPF y otras) tienen ahora e Bolivia un “paraíso” hidrocarburífero. Roberto Mallea, ejecutivo de Repsol (española) lo dijo clarito a través de la prensa: “por cada dólar que se invierte la ganacia es 10 (...)”. Villegas sostiene que “lo óptimo en la industria hidrocarburífera es lograr 5 dólares de rentabilidad aunque con tres ya es buen negocio”. Mallea señala que “los costos de producción en Bolivia son muy bajos; sólo alcanzan a 0,97 centavos de dólar frente a 4 dólares que se requieren en Venezuela, México y Argentina”.

Las empresas a cargo de explotar el gas aportan al país solo el 18 por ciento de sus ingresos por concepto de regalías. Hasta antes de la Ley 1689 las empresas pagaban el 50 por ciento de sus ingresos por concepto de regalías.

En cuanto a la comercialización de los hidrocarburos está vigente el Impuesto Especial a los Hidrocarburos y Derivados (IEHD). “Este impuesto tiene mayor relevancia en términos de su aporte al Tesoro General de la Nación (...) Al ser considerado un impuesto indirecto, no es la empresa (productora o comercializadora) la que paga sino son los ciudadanos bolivianos que cancelan en el momento de realizar compras de derivados (gasolina o diesel, por ejemplo)”.

Entonces, son los ciudadanos bolivianos quienes aportan mediante la compra de derivados. “En otras palabras, son los ciudadanos los que están solventando el proceso de reformas que se dieron en el sector hidrocarburífero”, sostiene Villegas. Sólo el año 2001 Petrobras generó 225 millones de dólares por la venta de gas al Brasil.

 

Normas que privatizaron el gas boliviano

1.   Decreto Supremo 21.060 (29/8/85) dispone que empresas estatales como YPFB o Comibol dejen de producir y se conviertan en administradoras de contratos.

2.   Ley 1182 de Inversiones (17/9/1992) otorga garantías y dispone el libre movimiento de capitales y de la inversión privada, nacional y extranjera.

3.   Ley 1544 de Capitalización (21/3/1994) señala que cinco empresas estratégicas estatales (ENDE, Entel, ENFE, Vinto e YPFB) deben asociarse a empresas extranjeras mediante una “capitalización”.

4.   Ley 1689 de Hidrocarburos (30/4/1996) establece que toda explotación hidrocarburífera se desarrolla mediante contratos de riesgo compartido por empresas privadas.

5.   Ley 1731 (26/6/1996) “reclasifica” los pozos hidrocarburíferos en “existentes” (marginales) y “nuevos” (sobretodo reservas).

6.   Decreto Supremo 24.806 (4/8/1997) aprueba los contratos de exploración y explotación mediante licitación.

7.   Artículo 3ro. del “Modelo de contrato de explotación (de gas o petróleo)”, aprobado por el Decreto 24.806 (4/8/1997): “(Objeto del contrato) ...mediante el cual el Titular (la empresa) adquiere el derecho de propiedad de la producción (de gas o petróleo) que obtenga en BOCA DE POZO y de la disposición (destino) de la misma conforme a las previsiones de la Ley de Hidrocarburos...”.

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CRONOLOGÍA

Primera semana de septiembre. Las movilizaciones comenzaron con dos acciones aisladas, casi personales. Por un lado, los campesinos del altiplano ingresaron en huelga como exigencia de libertad del dirigente Huampo, acusado de ejecutar la “justicia comunitaria” contra un presunto ladrón de ganado en su comunidad. Paralelamente, el dirigente de la Central Obrera Regional de El Alto (COR) Roberto de la Cruz inició una marcha desde Caracollo (Oruro) hasta La Paz. El pedido era recuperar el gas para Bolivia.

Viernes 19 de septiembre. Más de 60.000 personas se concentran en la Plaza San Francisco de La Paz. Un 80 por ciento de esos marchistas “bajó” desde El Alto y estaba compuesto por vecinos, trabajadores informales de distintas ramas, comerciantes informales, estudiantes de la UPEA y hasta militantes del Movimiento al Socialismo (MAS). En la plaza principal de Cochabamba se concentraron 20.000 personas. En ambos casos, el pedido era unánime: El gas debe retornar a manos de los bolivianos. La prensa no reportó hechos de violencia o de enfrentamientos con la policía.

Sábado 20 de septiembre.  A raíz de los bloqueos en la carretera al Lago Tititicaca, una centena de turistas bolivianos y extranjeros quedó varado en Sorata, una población turística ubicada a los pies del nevado Illampu, donde se produjeron confusos hechos. A pedido del embajador de Estados Unidos en La Paz, David Greenle, el gobierno organizó un “rescate humanitario” de esos turistas y para ello recurrió al ministro de Defensa, Carlos Sánchez, quien personalmente encabezó un operativo que utilizó un centenar de efectivos entre militares y policías. Este “rescate” culminó con seis muertos, entre campesinos, una niña y un soldado, todos fallecidos por heridas de bala.

Miércoles 8 de octubre. Los vecinos de El Alto comienzan un “paro cívico-vecinal-indefinido” decretado por la Federación de Juntas Vecinales de El Alto. El transporte público alteño funciona, por dos días, de sobresaltos (solo de madrugada y con el temor de represalias (“chicotazos”) de parte de los chóferes a sus colegas. Comienza el cerco a La Paz y al poder.

Jueves 9 de octubre. Un primer grupo de mineros llega a las cercanías de El Alto y, en Ventilla, es reprimido por fuerzas combinadas del Ejército y la Policía. El resultado es la muerte del minero de Huanuni José Luis Atahuichi Ramos y del vecino alteño José Luis Vargas Astilla. En La Paz comienza la escasez de combustibles (gasolina) especialmente para vehículos de transporte público (buses y minibuses) de uso masivo.

Sábado 11 de octubre.  Un primer intento de trasladar combustible (gasolina, diesel y gas licuado ) a La Paz, desde la planta de almacenaje (Senkata, en el extremo sur de El Alto) el gobierno alista y “ensaya” la puesta en práctica de su estrategia de 20 kilómetros de recorrido, que ocasiona al muerte de dos personas. El niño Alex Mollericona (5 años) que es alcanzado por un balín en la terraza de su casa de la zona Rosas Pampa, en la zona sur. Por su lado, Walter Huanca (27) recibe el disparo de un balín de gas en plena cara, lo que le produce destrozos en su cráneo y un derrame de masa encefálica. Es trasladado en estado vegetativo a una clínica y seis horas después es declarado oficialmente muerto. La ciudad de El Alto es declarada por el gobierno como “zona militar”

Domingo 12 de octubre. El traslado de dos convoys de cisternas de combustibles, escoltados por efectivos militares, desde Senkata a La Paz, a través de la Autopista La Paz-El Alto, ocasiona enfrentamientos entre los vecinos de las zonas de Senkata, Rosas Pampa, Santiago II, Horizontes, 12 de octubre, La Ceja, Ballivián y Alto Munaypata. Se producen más de 26 muertes y 100 heridos. Los enfrentamientos incluyen las zonas de Río Seco, Villa Ingenio y otros del sector nor oeste de El Alto. El gobierno publicita por medio de la televisión estatal la venta de gasolina para vehículos públicos y privados. La circulación vehicular continua paralizada en la metrópoli paceña: La Paz, El Alto, Viacha, Achocalla  localidades del sur paceño. En San Julián, en el bloqueo de los colonizadores en la carretera Santa Cruz-Trinidad, muere Juan Carlos Barrientos por disparos de bala. Al mismo tiempo, una marcha de campesinos y colonizadores se dirige desde Yapacaní hasta Santa Cruz.

Lunes 13 de octubre. Los enfrentamientos se trasladan a Villa Ingenio, conde un cabildo abierto de vecinos es interrumpido por disparos de metrallas militares. Esto ocasiona más muertes. En Santa cruz. En la zona sur de La Paz, en Uni, Apaña y Ovejuyo, los vecinos cercan a los militares y les arrebatan un camión militar que es quemado en la vía pública. En Oruro comienza una marcha de comerciantes y mineros. Suman más de 8.000 marchistas.

Martes 14 de octubre. El Alto prepara el entierro de sus más de 30 muertos. Algunos cadáveres son enterrados por sus familiares en cementerios clandestinos. Otros son llevados a Villa ingenio y a Santiago Primero, cementerios oficiales. Varios cadáveres deben esperar varios días la llegada de un médico forense para certificar los fallecimientos por disparos de armas de fuego.

Miércoles 15 de octubre. Los mineros de Huanuni (de las cooperativas mineras) llegan a Patacamaya tras largas caminatas y burlas a los militares entre Huanuni y Oruro. Al comenzar a alimentarse luego de haber pasado dos días sin ingerir alimentos, son sorprendidos por los militares. Mueren dos mineros y hay varios heridos. Un oficial de media graduación es obligado a dejar pasar a los mineros, quienes reanudan su marcha a La Paz, en camiones, minibuses, buses y otros medios.

Jueves 16 de octubre. Una marcha de más de 120.000 ciudadanos inunda la ciudad de La Paz para pedir, en coro, la renuncia del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Quien señala que existe un plan de desestabilización en contra de la democracia boliviana.

Viernes 17 de octubre. Presidente Sánchez de Lozada renuncia ante el Parlamento. Mesa asume como nuevo Presidente.

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LISTA DE FALLECIDOS (INICIAL)     

1.        Alex Llusco Mollericona

2.        Arturo Mamani Mamani
3.        Augusto Hilari Pari
4.        Benita Rodríguez Ticona

5.        Braulio Calizaya Dorado

6.        Carmelo Mamani Patzi

7.        Damián Larico Maquera
8.        Damián Luna Palacios

9.        David Miguel Salinas Mallea

10.     Demetrio Primitivo Curaca Castro

11.     Dominga Rodríguez Tapia

12.     Domingo Mamani Mamani

13.     Edgar Lecoña Amaru

14.     Edmundo Charca Choque

15.     Eduardo Baltazar Hino
16.     Efraín Mita Quispe

17.     Eloy Pillco Colque

18.     Enrique Héctor Marín Limachi

19.     Eugenia Felipa Condori Alvarez

20.     Félix Albert Colquehuanca Chanbilla

21.     Félix Bautista Paco

22.     Félix Calle

23.     Félix Javier Quispe Taco
24.     Florentino Poma Flores
25.     Florentino Quispe Villegas
26.     Francisco Ajllahuanca Alanoca

27.     Germán Aguilar

28.     Germán Carvajal Valencia

29.     Gregorio Huayta (Colque)

30.     Ismael Marcos Quispe Quispe

31.     Jacinto Bernabé Roque

32.     Jaime Valerio Quispe Zacarías
33.     Jhonny Suñavi Quispe

34.     José Luis Atahuichi Ramos

35.     José Macías Quispe

36.     José Miguel Pérez Cortez

37.     Juan Carlos Barrientos López

38.     Juan Cosme Apaza

39.     Juan Ticona Mamani

40.     Juan Vallejos Caiza

41.     Lucio Santos Gandarilla Ayala

42.     Luis Fernando Quelca Acarapi
43.     Luis Reinaldo Cusi Quispe

44.  Manuel Yanarico Jhancko

45.     Marcelino Carvajal Lucero
46.     Marcelo Hugo Cusi Vargas

47.     Marlene Nancy Rojas Ramos

48.     Miguel Gutiérrez Limachi

49.     Narciso Colque Mamani

50.     Nicolás Morales Choque

51.     Ramiro Vargas Astilla
52.     Raúl Flores Huanca
53.     Raúl Ramón Huanca Márquez
54.     Richard Charca Chana

55.     Roberto Adolfo Huanca Porce

56.     Ronald Constantino Quispe Mamani

57.     Rosendo Riolobos Alba

58.     Roxana Apaza Cutipa

59.     Serapio Aranda Calle

60.     Sergio Vargas Castro

61.     Teodora Choquenisa viuda de Quispe

62.     Teodosia Morales Mamani

63.     Víctor Ticona Arcani

64.     Vidal Pinto Blanco

65.     Walter Huanca Choque
66.     Willer Ortiz Córdova
67.     Wilson Hugo Chuquimia Durán

68.     Zenón Arias Mitma

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